Pakistán presenta una de las mayores brechas entre el deseo de planificar un embarazo y la capacidad real para hacerlo. Cada año se producen en el país más de 6 millones de embarazos no deseados y 3,8 millones de abortos en condiciones de riesgo, y aproximadamente 9,5 millones de mujeres casadas en edad reproductiva tienen una necesidad insatisfecha de planificación familiar. The Challenge Initiative (TCI) es una plataforma dirigida por el Instituto William H. Gates Sr. (WHGI) que lleva trabajando desde 2022 con los Departamentos provinciales de Salud y Bienestar de la Población de Pakistán para mejorar el acceso a los servicios de planificación familiar y salud reproductiva en 15 distritos urbanos de Punyab y Sindh.
Una nueva investigación —realizada conjuntamente por el equipo de TCI en Pakistán y Victor Imuwahen Igharo y Kojo Lokko, del WHGI, y publicada este mes en la revista de acceso abierto *Journal of Contraception*— aporta pruebas de que un modelo de colaboración público-privada puede reducir de forma significativa esa brecha, incluso cuando se lleva a cabo a través de las clínicas públicas existentes en lugar de mediante una infraestructura paralela del sector privado. En lugar de construir nuevas clínicas o eludir los sistemas públicos, TCI forma al personal público existente e invierte en las instalaciones ya existentes: jornadas de salud familiar, servicios móviles de acercamiento a la población, integración de la planificación familiar en las visitas de vacunación, formación en el puesto de trabajo y mejoras en las instalaciones, entre otras intervenciones.
Para determinar el impacto, los investigadores compararon los datos sobre los servicios anticonceptivos desde junio de 2020 hasta junio de 2025 en los distritos de intervención (Rawalpindi, en Punjab, y Malir, en Sindh) con los de unos distritos de control cuidadosamente emparejados (Gujrat y Sukkur) que no recibieron recursos del programa. Utilizando tanto el método de diferencias en diferencias como el de series temporales interrumpidas —dos formas complementarias de aislar el efecto real de un programa de las tendencias de fondo—, observaron un aumento neto estadísticamente significativo de 3.673 usuarias de planificación familiar al mes en los distritos de intervención. Concretamente, en los departamentos de salud, el efecto fue aún mayor: 6.100 usuarias adicionales al mes, y el aumento se produjo en el momento en que comenzó el TCI, en lugar de ser una tendencia gradual.
Los resultados no fueron uniformemente positivos en todos los departamentos y métodos anticonceptivos; en algunos centros se registraron descensos relacionados con la escasez de suministros o con problemas administrativos ajenos al propio programa, tal y como señala el estudio. Sin embargo, la tendencia general al alza de los indicadores se mantuvo en dos provincias diferentes, tres departamentos gubernamentales distintos y dos métodos analíticos independientes.
Las implicaciones prácticas son importantes para la forma en que los donantes y los gobiernos abordan la ampliación del acceso a la planificación familiar: sugieren que invertir en las competencias y la infraestructura de los sistemas públicos existentes, en lugar de crear canales de prestación de servicios independientes, puede generar avances duraderos en el acceso a los anticonceptivos. Los autores señalan que esto constituye la base para institucionalizar el enfoque de TCI directamente en los presupuestos y planes de trabajo provinciales, pasando de ser un proyecto piloto financiado por donantes a convertirse en una parte habitual del funcionamiento de los departamentos de salud.
